19 Fiscales Generales se oponen a la política del gobierno que impide que las menores inmigrantes en custodia federal accedan a los servicios de aborto
Fiscal General de Nueva York, Barbara Underwood.
La Fiscal General Barbara D. Underwood encabezó una coalición de 19 Fiscales Generales en la presentación de un escrito amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, impugnando una política federal que prohíbe el acceso a servicios de aborto a menores inmigrantes no acompañadas que están bajo custodia federal. Los Fiscales Generales argumentan que la política del gobierno federal viola los derechos de los estados y los derechos constitucionales de las mujeres. El escrito fue presentado enAzar v. Garza en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de DC e insta al tribunal a que confirme la decisión del tribunal de distrito que concede una medida cautelar preliminar en contra de la administración de Trump.
“Todas las mujeres tienen un derecho constitucionalmente protegido para acceder a servicios de aborto seguros y efectivos, incluidos las menores no acompañadas”, dijo la Fiscal General Underwood. “Muchas de estas mujeres jóvenes han huido de una violencia horrible, y algunas están embarazadas como resultado de una violación. La administración de Trump simplemente no tiene la autoridad para imponer sus puntos de vista personales sobre estas mujeres jóvenes al exigirles mantener embarazos en contra de su voluntad. Esta política federal es inconstitucional e inhumana, y continuaremos luchando contra la misma”.
Documento completo, dirigido por la Fiscal General Underwood y firmado por los Fiscales Generales de Nueva York, California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon , Pensilvania, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.
La Oficina para el Reasentamiento de Refugiados (ORR) es la agencia federal responsable del cuidado y la custodia de todos los menores inmigrantes no acompañados, muchos de los cuales ingresan a los Estados Unidos después de huir del abuso en sus países de origen. En marzo de 2017, ORR adoptó una política que requiere que el Director Scott Lloyd revise personalmente la solicitud de servicios de aborto de cada menor, incluso si esa menor cumplió con todos los requisitos estatales aplicables para obtener un aborto en el estado donde está alojada. Lloyd, a su vez, rechazó todas las solicitudes de servicios de aborto, incluso en casos en que una menor quedó embarazada como resultado de una violación en su país de origen. Lloyd ha prohibido que todos los albergues afiliados a ORR lleven a las menores a un médico que proporcionará abortos y además instruyó a los refugios a interferir con el acceso de las menores a los procedimientos judiciales estatales. Además, Lloyd ha dado instrucciones a los refugios para que divulguen los embarazos de menores a sus padres y otros miembros de la familia, a menudo anulando el deseo expreso de una menor de no informar a su familia por temor a represalias.
La política de ORR salió a la luz por primera vez en octubre de 2017, cuando ORR bloqueó el acceso a servicios de aborto para una menor a la que se le puso el sobrenombre de Jane Doe. Doe obtuvo con éxito una orden de restricción temporal contra ORR; la oficina de la Fiscal General de Nueva York encabezó un amicus curiae en apoyo del caso de Jane Doe.
Posteriormente, un tribunal federal de distrito otorgó otra orden de restricción temporal para prohibir que ORR bloqueara el acceso de dos menores adicionales a servicios de aborto, incluida Jane Doe, una adolescente de diecisiete años que quedó embarazada como resultado de una violación y Lloyd le negó el acceso a un aborto.
En enero de 2018, una cuarta menor que por una orden de restricción temporal fue liberada de la custodia federal pocos días después de su presentación ante el tribunal. En marzo de 2018, el tribunal de distrito otorgó la moción de las demandantes para la certificación de clase y emitió una orden judicial preliminar que prohibía a la ORR bloquear el acceso de los menores a los servicios de aborto y divulgar las decisiones reproductivas de los menores sin consentimiento no coercitivo. ORR apeló al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de DC. El escrito de amicus de los Estados insta al tribunal a confirmar la decisión del tribunal de distrito.
Los Fiscales Generales argumentan que ORR no tiene autoridad para ignorar los juicios y procedimientos de los Estados con respecto a la capacidad de las menores de acceder a servicios de aborto. El escrito también argumenta que, bajo el estándar de “carga indebida” que controla la Corte Suprema, ningún tercero puede ejercer un veto absoluto sobre las elecciones reproductivas de una mujer. En consecuencia, el gobierno federal no puede prohibir que los menores ejerzan la opción de interrumpir un embarazo que la Constitución federal y la ley estatal permiten que hagan esas menores.
Sala de Redacción/WestchesterHispano
Publicado el 07 de Agosto 2018
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